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Proporcionalidad y sanciones del modelo 720

Proporcionalidad y sanciones del modelo 720

¿Qué es el Modelo 720?

El Modelo 720 es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Comprende tres bloques de información distintos; por un lado, las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. En segundo lugar, aquellos valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero y, por último, los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos situados en el extranjero.

¿A quién afecta?

Tienen la obligación de presentar el Modelo 720 las personas tanto físicas como jurídicas, además de los establecimientos permanentes, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, siempre y cuando sean titulares de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero o de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos situados en el extranjero.

¿Cómo debe presentarse?

La presentación se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

¿Cuándo debe presentarse?

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

¿Cuál es la consecuencia de la falta de presentación o presentación errónea del Modelo 720?

Constituye infracción no presentarla en plazo o presentarla de forma incompleta, inexacta o con datos falsos.

En el caso de falta de presentación o presentación errónea, la consecuencia será una sanción que se prevé de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos que hagan referencia a una misma cuenta, a un elemento patrimonial o a un bien inmueble que hubieran debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

En el caso de presentación extemporánea sin requerimiento previo de la administración, se prevé una sanción de 100 euros por cada dato o conjunto de datos que hagan referencia a una misma cuenta, a un elemento patrimonial o a un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 euros.

¿Qué considera la justicia como sanciones proporcionales?

La reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo conocida como asunto C190/17 Zheng, relacionada con el blanqueo de capitales, analiza la normativa de España en esta materia. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a declarar la salida o entrada en España de efectivo por importe igual o superior a 10.000 euros. En el caso que analiza el Tribunal, el importe era de 92.900 euros y la sanción que impuso la Administración española en consecuencia fue de 91.900 euros. Sin embargo, la normativa prevé sanciones que pueden llegar hasta el 200% de la cuantía no declarada.

El Tribunal recuerda que las medidas represivas que cada normativa estatal prevea no deben exceder de lo que resulte necesario para lograr los objetivos legítimos. Las multas deben determinarse siempre en base al principio de proporcionalidad; en consecuencia, la gravedad de las sanciones debe adecuarse a la gravedad de las infracciones. El objetivo de las sanciones previstas en la normativa de blanqueo de capitales no es otro que castigar el incumplimiento de la obligación de declarar, no debe confundirse con el castigo por actividades fraudulentas o ilícitas. En definitiva, una sanción que puede ascender no solo a un importe equivalente a casi el 100% de la cuantía no declarada (como sucede en el caso) sino que incluso puede llegar a duplicar la cuantía no declarada no respeta el principio de proporcionalidad y se considera un régimen sancionador abusivo que vulnera la libre circulación de capitales.

Asimismo, en una sentencia anterior respecto de la normativa húngara también en relación con la normativa estatal sobre blanqueo de capitales (Sentencia C255/14 de 16 de julio de 2015), estableció que una sanción del 60% ya suponía una desproporción en relación con la finalidad legítima.

¿Porqué estos parámetros serian igualmente aplicables a las sanciones previstas respecto del Modelo 720?

La justicia no se ha pronunciado respecto de las sanciones previstas en el caso de la declaración de bienes y derechos en el extranjero, pero teniendo en cuenta los parámetros marcados por el Tribunal de Luxemburgo, resulta evidente la desproporción que implican dichas sanciones.

La falta de presentación o presentación errónea implica sanciones que, en la práctica, han llegado a suponer hasta un 900% del capital extranjero en cuestión. Asimismo, se han dado sanciones formales que superaban la multa específica agravada del 150% y, lo que es aún más grave, se han llegado a imponer sanciones formales y materiales sin tener en cuenta el principio non bis in ídem.

Novedades del nuevo reglamento de protección de datos

Novedades del nuevo reglamento de protección de datos

La falta de concreción del nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD), es el motivo de que muchas de las empresas tengas dudas a cerca de su correcta adaptación. Vamos a intentar esclarecer algunos de los puntos en los que la nueva normativa ha introducido modificaciones.

¿A quien se le aplica el RGPD?

A todas aquellas o empresas o autónomos que traten datos personales, ya sea como responsables o como encargados del tratamiento. Sin embargo, es importante destacar que no únicamente de aplica a aquellas establecidas en territorio europeo, sino que todas aquellas que traten datos personales de ciudadanos europeos, también están sometidas a esta normativa.

¿El número de empleados influye en su aplicación?

Cualquier empresa que trate datos personales, ya sea de clientes, empleados, proveedores, potenciales clientes… está sujeta a esta normativa, independientemente del tamaño de la misma o del volumen de datos que maneje.

¿Las empresas deben seguir registrando sus ficheros ante la AEPD?

No, la nueva normativa ha suprimido esta obligación. Sin embargo, para aquellas empresas con más de 250 trabajadores es obligatorio contar con un registro de actividades de tratamiento, que no es más que un documento que especifica el motivo por el que se tratan los datos y de qué manera se lleva a cabo este tratamiento.

¿Por qué se han enviado tantos correos electrónicos sobre el nuevo RGPD?

La gran mayoría de usuarios de internet esta recibiendo un aluvión de correos electrónicos a su buzón electrónico personal, con la finalidad de recabar el consentimiento para el tratamiento de sus datos. El nuevo RGPD obliga a las empresas o autónomos cuenten con un consentimiento expreso e inequívoco para poder realizar el tratamiento de los datos personales de sus clientes. No es necesario que el interesado lo otorgue de nuevo si la forma en que se dio la primera vez ya era expresa e inequívoca, pero hay que tener prueba de ello.

Además, la norma va más allá, pues una simple solicitud de consentimiento no sería suficiente. La normativa europea exige que la empresa/autónomo especifique una serie de aspectos, cómo cual va a ser la finalidad que se le va a dar a esos datos o si éstos se van a ceder a terceros. Todo ello con un lenguaje claro y sencillo, de fácil comprensión para el usuario.

Mención aparte merece la información comercial, también conocida como Newsletter, que muchas empresas envían a sus clientes. Si solicitamos el consentimiento para poder seguir enviándola y no se recibe respuesta, no tenemos base legitimadora del tratamiento y, en principio, ya no podríamos utilizar sus datos para esta finalidad.

¿Cómo pueden controlar los ciudadanos el tratamiento de sus datos?

Con la nueva normativa, los ciudadanos tienen, además de los derechos que ya poseía con la LOPD (derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación), dos nuevos derechos. Por un lado, el derecho al olvido, consistente en solicitar y obtener de los responsables que los datos personales sean eliminados cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recogidos, cuando se hayan obtenido de forma ilícita o cuando se haya retirado el consentimiento.  Por otro lado, el derecho a la portabilidad, que permite solicitar la recuperación de sus datos en un formato que permita su traslado.

¿Qué infracciones pueden cometer las empresas y cuáles son las sanciones a las que se exponen?

Hay dos tipos de infracciones; por un lado, las leves, entre las que se encuentran a modo de ejemplo, la falta de designación del delegado de protección de datos (estando obligado a ello) o la falta de comunicación en tiempo y forma de las violaciones de seguridad. Por otro lado, están las graves, como tratar datos sin tener base legal suficiente (por ejemplo, consentimiento) o no cumplir una orden de la autoridad de control. Las sanciones que llevan aparejadas cada una de ellas son distintas, ya que las leves se castigan con multas de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de facturación anual, mientras que para las graves la cuantía asciende a 20 millones o el 4% del volumen de facturación anual.

Sin embargo, cabe destacar que la AEPD, de manera excepcional y discrecional, puede enviar requerimientos, apercibimientos e incluso ordenes de cese, previo a la apertura de un procedimiento sancionador.

¿Pueden los trabajadores denunciar las infracciones en protección de datos que detecten en su empresa?

Cualquier trabajador puede solicitar a los tribunales de la jurisdicción social cualquier vulneración de la normativa, en orden a su propia protección o la de terceros, puesto que es un derecho constitucional. Con ello se instará al cese de la infracción, así como la reparación del posible daño ocasionado.

Obviamente, también pueden comunicar el incumplimiento directamente a la AEPD, a los efectos de que la misma inste un procedimiento sancionador.

Asistencia Financiera entre Sociedad y Socio

Asistencia Financiera entre Sociedad y Socio

¿Qué es la asistencia financiera?

Se entiende por asistencia financiera, a los efectos de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos negocios por los cuales la sociedad ayuda financieramente a un tercero con la finalidad de adquirir sus propias acciones. Esta ayuda puede ser bien mediante la concesión de un préstamo o crédito a un tercero con la finalidad de que adquiera sus acciones, o actuando como avalista del adquirente de las acciones frente al banco o un tercero que le presta efectivamente el dinero para la adquisición.

No importa si dicha asistencia se presta antes, durante o tras la adquisición, la LSC la prohíbe en todo momento, tanto a las sociedades de responsabilidad limitada (art.143.2 LSC) como a las sociedades anónimas (art.150.1 LSC).

¿Por qué está prohibida?

La justificación de dicha prohibición reside en la protección del patrimonio social, así como evitar el riesgo de trato desigual a los socios.

¿Hay alguna excepción?

Sin embargo, dicha norma contempla una excepción para el caso de que los negocios mencionados faciliten la adquisición de las propias acciones al personal de la empresa (art.150.2 LSC). Ahora bien, es importante saber qué entiende la doctrina por personal de la compañía. Es doctrina pacífica al respecto que todo aquel que tenga una relación laboral con la empresa se entiende como personal de esta.

La relación de los miembros del órgano de administración con la sociedad (ya sea administrador único, administradores solidarios o mancomunados, o consejeros no ejecutivos), se rige por la normativa societaria y lo que establezcan los estatutos, en consecuencia, es mercantil. Están excluidos expresamente del ámbito laboral por el propio Estatuto de los Trabajadores (art.1.3.c) excluye de su ámbito de aplicación aquella “actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad”).

Ahora bien, en el caso de consejeros delegados o consejeros a los que se les atribuya funciones ejecutivas, la ley, tras la reforma, exige que debe formalizarse contractualmente dicha relación y no establece que deba ser un contrato de carácter mercantil. Estos casos se excluyen del supuesto comprendido en el artículo 1.3.c) ET y en consecuencia deben entenderse como relación laboral.

Por otro lado, tenemos la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, que comprende aquellos trabajadores que ejerciten poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Excluyendo expresamente del ámbito de este tipo de relaciones laborales a aquellos que desarrollen las funciones del art. 1.3.c) ET.

¿Es compatible la relación del administrador con funciones ejecutivas con una relación laboral especial de alta dirección? Hasta ahora la doctrina del vinculo establecía que no; pero se entiende que ésta ha quedado superada por cuanto, tras la reforma de la LSC, la doctrina científica mayoritaria ha pasado a considerar los contratos de los consejeros delegados o con funciones ejecutivas como laborales, puesto que la misma ley establece una regulación diferente para la relación de la sociedad con los consejeros delegados, en contraposición con la relación de la sociedad con los administradores “como tales”. Así pues, se entiende que el consejero delegado debería encuadrarse en el tipo de relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y pasar a considerarse personal de la empresa, quedando excluido de la prohibición de asistencia financiera.

Asimismo, y como criterio general a tener en cuenta, la STS de 2 de julio de 2012 establece que la interpretación de la prohibición de asistencia financiera debe ser muy restrictiva cuando no se aprecien riesgos para los acreedores ni para los accionistas minoritarios. Es decir, cuando no se ponga en compromiso el patrimonio social o la igualdad en el trato de los socios.

Remuneración de consejeros. Sentencia TS 98/2018

Remuneración de consejeros. Sentencia TS 98/2018

Remuneración de los consejeros ejecutivos tras la sentencia 98/2018 del Tribunal Supremo

Hasta la STS 98/2018, la DGRN, distintos Juzgados de lo mercantil y gran parte de la doctrina, interpretaron que los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se aplican de forma alternativa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de la postura que se había impuesto, de modo que las compañías deberán adaptar su política de remuneraciones a esta nueva tesitura.

¿Cuál es el contenido de los dos artículos?

Artículo 217. Remuneración de los administradores

  1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
  2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
    1. una asignación fija,
    2. dietas de asistencia,
    3. participación en beneficios,
    4. retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,
    5. remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
    6. indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.
  3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
  4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.”

Artículo 249. Delegación de facultades del consejo de administración

  1. Cuando los estatutos de la sociedad no dispusieran lo contrario y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.
  2. La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
  4. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.

Con la STS 98/2018, el Tribunal Supremo entiende que el art. 217 y 249 LSC se aplican de forma cumulativa. Ello se debe, principalmente, a que la anterior interpretación permitía que el órgano de administración se saltara los límites fijados en los Estatutos sociales y por la Junta General de socios.

De forma resumida, a partir de ahora la remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas deberá superar los tres niveles siguientes:

  1. Los Estatutos sociales deben permitir la remuneración de los administradores/consejeros
  1. La Junta General de socios apruebe el máximo de la remuneración a percibir por los administradores/consejeros y, en su caso, la política detallada de remuneraciones
  1. El Consejo apruebe la delegación de funciones ejecutivas y la remuneración a percibir por las mismas, respetando los límites estatutarios y los fijados en la Junta General de socios.
Exit Tax, o las dificultades fiscales para irse de España

Exit Tax, o las dificultades fiscales para irse de España

EXIT TAX


El EXIT TAX grava a personas con patrimonio elevado que quieran salir de España.

Afectará a:

  • personas físicas, españoles o extranjeros, que quieran trasladar su residencia habitual fuera de España, y que hayan sido residentes durante al menos 10 de los últimos 15 años
  • cuando tengan acciones o participaciones con un valor de mercado superior a 4.000.000€
  • cuando tengan una participación en una entidad superior al 25% con un valor superior a 1.000.000€.

¿Cómo les afecta?

Esas personas tendrán que pagar por la diferencia entre el valor de adquisición de esas acciones o participaciones y el valor de mercado que tengan cuando salgan de España, aunque no se hayan vendido. Sobre esas plusvalías latentes tendrán que pagar hasta el hasta el 23%.

Así, por ejemplo, un ciudadano francés que lleve 12 años viviendo en Barcelona que decide marcharse a EEUU en 2017 teniendo participaciones (más del 25%) en una empresa francesa valoradas en 2.500.000€ (habrá tenido que informar sobre las mismas a la Hacienda española con el Modelo 720) que adquirió por 500.000€, tendrá que pagar 460.000€ (2.000.000×23%) sólo por salir de España, aunque mantenga su participación.

No se aplica si se cambia la residencia a otro Estado de la UE o del EEE

Si el cambio de residencia se produce a otro Estado de la Unión Europea (o del Espacio Económico Europeo con el que existe efectivo intercambio de información tributaria) no se tendrá que pagar el exit tax. Para ello, será necesario comunicar a la Hacienda española la ganancia patrimonial, el Estado al que se traslada y otras informaciones (domicilio y sus variaciones, mantenimiento de los valores, etc.).

Sin embargo, se tendrá que pagar el exit tax si en el plazo de los 10 años desde la salida de España se venden los valores, o se sale de la UE o del EEE, o se incumplen las obligaciones de comunicación.

Tampoco se paga si el cambio de residencia es temporal

El pago queda aplazado si el cambio de residencia es por motivos laborales a un país o territorio que no sea paraíso fiscal, y por un período máximo de 5 años (que se puede ampliar hasta 5 años más). En todo caso, Hacienda exigirá garantías para dicho aplazamiento como avales bancarios o garantías sobre los valores.

También quedará aplazado el pago si se trata de un desplazamiento temporal por cualquier otro motivo a un país o territorio que tenga suscrito con España Convenio de Doble Imposición con intercambio de información, pero hasta un máximo de 5 años y siempre con garantías.

Si se regresa a España dentro de esos plazos y sin haber vendido los valores la deuda quedaría extinguida. De lo contrario tendrá que pagar.

De la misma manera si una persona que salió de España y pagó el exit tax adquiere de nuevo la residencia en España sin haber vendido los valores por los que pagó, podrá solicitar la devolución del impuesto pagado.

Asociaciones, insolvencia y responsabilidades

Asociaciones, insolvencia y responsabilidades

LEGAL ASOCIACIONES:

INSOLVENCIA, APLICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL Y RESPONSABILIDAD

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Para el caso de insolvencia de una asociación, es de aplicación el artículo 18.4. de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a cuyo tenor:

“En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente”.

Este precepto legal es de aplicación directa en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1 de la Constitución., tal y como determina la Disposición Final Segunda, apartado segundo, de la Ley referenciada.

En este sentido, debe de significarse que la situación de insolvencia a que alude la normativa estatal –art. 18.4. de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación, supone la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal como vía para resolver las situaciones de insolvencia.

La Ley Concursal apuesta por la continuidad de las personas jurídicas, incluyendo, dentro de ésta a las asociaciones, en virtud de un acuerdo con los acreedores, facilitando con una fórmula totalmente transparente la reestructuración y reflotamiento de las mismas y, en último extremo, su liquidación.

Con esta legislación, las asociaciones con falta de liquidez deben presentar voluntariamente un concurso antes de que se agoten todos sus activos y dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, no siendo posible con la Ley 22/2003, de 9 de julio, que las asociaciones se disuelvan dejando sin pagar a acreedores y trabajadores.

La Ley Concursal también supone grandes responsabilidades para los órganos de representación de las asociaciones, ya que se endurece la obligación de ir a concurso a las entidades asociativas cuando se encuentre en situación de insolvencia, en este caso, la solicitud deberá ser presentada por los liquidadores o ésta sea inminente, en cuyo supuesto la solicitud deberá ser presentado por el Presidente o Presidenta de la entidad.

Otro factor importante que debe tomarse en cuenta es:

(a)         si el concurso está solicitado por la propia asociación – concurso voluntario –, con la distinción       entre insolvencia actual o inminente, donde los miembros del órgano de representación o los     liquidadores mantienen sus facultades aunque quedan sometidos a la intervención de la     administración concursal, o

(b)         si el concurso está instado por acreedores – concurso necesario – donde dichos componentes del órgano de representación pierden todas sus facultades que pasan en exclusiva a la    administración concursal.

Responsabilidad de las asociaciones inscritas.

El art. 15 de la Ley Orgánica 1(2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación recoge:

  1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
  1. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
  1. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
  1. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
  1. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
  1. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

Para el caso de que la responsabilidad no pueda ser imputada de forma expresa, a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación de vuestra entidad asociativa, esta situación conllevará a que los mismos respondan todos solidariamente por los daños causados y las deudas contraídas mediante actos dolosos, culposos o negligentes, así como por los actos por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados, a menos que acrediten , a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución de dichos actos o que expresaron con claridad su oposición a los mismos

Causa de disolución por reducción del patrimonio neto

Causa de disolución por reducción del patrimonio neto

La Ley de Sociedades de Capital (artículo 363.1.d) establece que “la reducción del patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social es causa de disolución de la sociedad, siempre y cuando no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

Se entiende por desequilibrio patrimonial la situación en la que se encuentra la sociedad cuando su patrimonio (capital social + reservas + resultados del ejercicio) está por debajo de la mitad de su capital social.

Por tanto, en aquellos casos en que, como consecuencia de las pérdidas sufridas, los fondos propios de la sociedad no alcancen a cubrir la mitad de la cifra de capital social, los administradores tienen un plazo de dos meses para:

  • Convocar Junta Generalde socios/accionistas para la adopción del acuerdo de disolución o,
  • Si el acuerdo social fuese contrario a la disolución, solicitar la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta.

No obstante lo anterior, la sociedad puede optar por medidas que permitan el reequilibrio de la relación en los fondos propios y el capital social, tales como:

  • Ampliación de capital.-Pero únicamente evitará la causa de disolución en caso de que se realice en cuantía suficiente para superar el desfase entre patrimonio y capital social.
  • Reducción de capital.-Adecuar la cifra de capital social a la realidad patrimonial de la sociedad, pero nunca por debajo de la cifra mínima legal de capital, ya que ello conllevaría incurrir en otra causa de disolución.
  • Reducción-ampliación simultáneas (“operación acordeón”).-Reducción del capital social a cero y, simultáneamente, aumento hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal. En la operación acordeón la compensación de pérdidas va seguida de una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones/participaciones, que son suscritas por los socios/accionistas que confían en la continuidad de la sociedad y, en su caso, por terceros inversores que sustituyen a los socios/accionistas no dispuestos a realizar nuevas aportaciones.
  • Reposición de patrimonio mediante aportaciones de los socios/accionistas.-Permite el reequilibrio patrimonial de la sociedad sin necesidad de elevar la cifra de capital social, ni afectar a la participación de los socios en el mismo.
  • Préstamo participativo.-La retribución del capital prestado es variable en función de la evolución de la empresa prestataria.

Si nada de lo anterior se lleva a cabo, los administradores pasan a responder solidariamente de las obligaciones sociales que hayan nacido después de la causa legal de disolución.

Gastos deducibles en el alquiler de vivienda

Gastos deducibles en el alquiler de vivienda

Son todos los gastos necesarios para la obtención de los alquileres:

A. Intereses y demás gastos de financiación (arts. 23.1.a) 1º Ley IRPF y 13 a) Reglamento
Si existe un préstamo para pagar la vivienda, se deducirán los intereses del mismo, no la amortización de capital.
Se consideran incluidos entre los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, entre otros, los intereses y demás gastos de financiación de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso o disfrute así como, en su caso, de los bienes cedidos con el mismo.

B. Gastos de conservación y reparación:
Son deducibles los gastos de conservación y reparación de los bienes productores de los rendimientos. A estos efectos, tienen esta consideración:

a) Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.

b) Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

No son deducibles por este concepto las cantidades destinadas a la ampliación o mejora de los bienes, al constituir las mismas un mayor valor de adquisición cuya recuperación se efectúa a través de las correspondientes amortizaciones.

Por ejemplo, pintura, revocado, arreglo de instalaciones, sustitución de elementos.

El importe total máximo a deducir por los intereses y demás gastos de financiación y por los gastos de conservación y reparación no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos.

El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes, sin que pueda exceder, conjuntamente con los gastos por estos mismos conceptos correspondientes a cada uno de estos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos en cada uno de los mismos, para cada bien o derecho.

Por su parte, el importe correspondiente al ejercicio 2017 que, por aplicación del límite máximo de deducción, no resulte aplicable en la declaración correspondiente en este ejercicio, se hará constar en la casilla 063 de la citada página 4 a efectos de su deducción en los cuatro ejercicios siguientes.

En el caso de que existan varios contratos de arrendamiento en el año sobre un mismo inmueble, el límite máximo de la cantidad a deducir por intereses y gastos de conservación y reparación debe computarse tomando en consideración las cantidades satisfechas en el año y los ingresos íntegros obtenidos en él, por lo que, para alguno de los contratos de arrendamiento, la cantidad deducida por intereses y gastos de conservación y reparación podría exceder de los ingresos obtenidos.

C. Tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales:

IBI, las tasas por limpieza, recogida de basuras, alumbrado, etc. No se podrán deducir conceptos fiscales sancionadores.

D. Saldos de dudoso cobro:

Son deducibles los saldos de dudoso cobro, siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entiende suficientemente justificada tal circunstancia:

a) Cuando el deudor se halle en situación de concurso.

b) Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiese transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.

Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro.

E. Otros gastos deducibles:

Primas de seguro, servicios personales o profesionales, etc. siempre que cumplan el requisito de ser necesarios.

F. Amortización del inmueble y las instalaciones y enseres que se alquilan junto al inmueble

Tienen la consideración de gastos deducibles las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación efectiva.

Se considera que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad cuando no excedan de los porcentajes que a continuación se señalan:

Bienes inmuebles:

El resultado de aplicar el porcentaje del 3% sobre el mayor de los siguientes valores.

a) Coste de adquisición satisfecho, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición (notaría, registro, IVA no deducible, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, gastos de agencia, etc.) sin incluir en el cómputo el valor del suelo.

En las adquisiciones de inmuebles por herencia o donación, sólo tendrá la con-sideración de “coste de adquisición satisfecho” la parte de los gastos y tributos inherentes a la adquisición que corresponda a la construcción, así como la totalidad de las inversiones y mejoras efectuadas.

b) Valor catastral, excluido el valor del suelo.

Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de cada año reflejado en el correspondiente recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Bienes de naturaleza mobiliaria cedidos conjuntamente con el inmueble

Serán amortizables siempre que sean susceptibles de utilización por un período de tiempo superior a un año.

Se entenderá que la amortización anual deducible por cada uno de los bienes cedidos cumple el requisito de efectividad, cuando su importe no exceda del resultado de aplicar a sus respectivos costes de adquisición satisfechos los coeficientes de amortización que le corresponda de acuerdo con la tabla de amortizaciones simplificada aprobada por Orden de 27 de marzo de 1998. Dentro de esta tabla se recoge, entre otros, el siguiente coeficiente máximo de amortización: Instalaciones, mobiliario y enseres: 10%.

Derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles

Serán amortizables siempre que su adquisición haya supuesto un coste para el contribuyente. En estos casos es preciso distinguir:

a) Si el derecho o facultad tiene plazo de duración determinado, la amortización anual deducible será la que resulte de dividir el coste de adquisición satisfecho entre el número de años de duración del mismo.

b) Si el derecho o facultad fuese vitalicio, la amortización computable será el resultado de aplicar el coeficiente del 3% sobre el coste de adquisición satisfecho.

En ambos casos, el importe de las amortizaciones no podrá superar la cuantía de los rendimientos íntegros derivados de cada derecho. Importante: en el supuesto de que el inmueble no hubiera estado arrendado durante todo el año, la amortización deducible, los intereses y demás gastos de financiación, los gastos en primas de seguros, etc., serán los que correspondan al número de días del año en que el inmueble ha estado arrendado.

Compensación para contratos de arrendamiento anteriores a 9 de mayo de 1985

En la determinación de los rendimientos del capital inmobiliario derivados de contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, que no disfruten del derecho a la revisión de renta del contrato, se incluirá adicionalmente como gasto deducible, mientras subsista esta situación y en concepto de compensación, la cantidad que corresponda a la amortización del inmueble.
Así pues, en estas situaciones, podrá computarse dos veces el gasto de amortización: una vez como gasto fiscalmente deducible conforme a las reglas de determinación del rendimiento neto derivado de inmuebles arrendados anteriormente comentadas, y otra vez, en concepto de compensación.

26 Consejos para pagar menos IRPF en 2018

26 Consejos para pagar menos IRPF en 2018

Antes de finalizar este ejercicio, los contribuyentes tienen la posibilidad de reducir su factura fiscal en el IRPF si se toman unas decisiones adecuadas. Desde Exelade proponemos una serie de consejos para optimizar la próxima declaración de Renta del 2017, y que se deberá presentar a partir de la primavera del 2018. Estos consejos afectan a profesionales, trabajadores por cuenta ajena y a empresarios. 

¿Qué consejos proponemos?

 

  1. Extender el seguro médico al cónyuge e hijos. Si la empresa abona un seguro médico, pude extenderse la cobertura al cónyuge e hijos, de esta manera podrá beneficiarse de una exención de hasta 500 euros para cada una de las personas aseguradas. Además, si alguno de los miembros de la familia es discapacitado, la renta en especie que no tributa se amplía a 1.500 euros por cada uno de ellos.
  1. Modificar el contrato de trabajo para ampliar la retribución en especie. Se puede modificar el contrato laboral para 2018 incluyendo retribuciones en especie que no tributan, como la tarjeta restaurante, la tarjeta transporte, el vale guardería o un seguro médico para la familia. Se debe tener en cuenta que al cambiar las rentas dinerarias por rentas en especie el empleador deberá repercutirle el IVA correspondiente.
    Si utiliza un vehículo de la empresa como retribución en especie, se recomienda solicitar al empleador que el vehículo sea uno de los considerados eficientes energéticamente, de esta manera su retribución en especie se puede ver reducida hasta en un 30%.
  1. Prestación por maternidad. Si ha sido madre durante este año y ha percibido la prestación correspondiente por Seguridad Social, es criterio de la administración, considerarla una rente no exenta, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid opina lo contrario.
  1. Nuevo contrato. Si el trabajador ha sido despedido de su empresa, pero en un plazo de tres años le vuelve a contratar la misma empresa o bien otra vinculada con ella, perderá la exención de la indemnización, por lo que deberá presentar una declaración complementaria incluyendo la misma.
  1. Prestación por desempleo. Si tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo y va a iniciar una actividad económica, le conviene solicitar el cobro de la prestación en la modalidad de pago único. De este modo no tributará por ella, siempre que no cese en la actividad iniciada durante los 5 años siguientes.
  1. Ayudas públicas. Si en 2017 se le ha concedido una ayuda pública pero aún no se lea han abonado, no deberá declarar la ganancia hasta que perciba la misma. Tenga en cuenta que cualquier ayuda percibida en este año tributará, excepto que la ley del impuesto la declare exenta. Por ejemplo tendríamos el Plan Privé por la compra de turismos.
  1. Ayudas de comunidades de vecinos. Si vive en una comunidad de vecinos y dicha comunidad ha percibido alguna ayuda para la instalación del ascensor, no se olvide de declarar el importe percibido por la comunidad en proporción a su cuota de participación.
  1. Deducción por inversión en vivienda habitual. Si adquirió su vivienda habitual antes de 2013 y dedujo por ella, tiene la capacidad de poder aprovechar todavía la deducción por inversión en vivienda. Por ello, cuando calcule el coste fiscal de su Renta 2017, pude rebajar ese importe agotando el límite de 9.040 euros entre intereses y capital amortizado del préstamo que utilizó para pagarla y conseguir un máximo de deducción de 1.356 euros.
  1. Transmisión de vivienda habitual. Si ha transmitido su vivienda habitual, en principio deberá tributar por la ganancia obtenida. No obstante, si han pactado un calendario de pagos y el último supera el año, podrá imputar el beneficio obtenido según sea exigibles los cobros.
  1. Reinversión de la ganancia por transmisión de vivienda habitual. Si ha transmitido la vivienda habitual en 2017 obteniendo una ganancia patrimonial, considere la posibilidad de reinvertir el importe obtenido denla misma en la adquisición de otra vivienda habitual para no tributar por dicha renta. Eso sí, debe tener en cuenta que la reinversión ha de realizarse en un plazo máximo de dos año desde la fecha de transmisión y que, si no la realiza en el mismo 2017, deberá comunicar en la renta de este año su intención.
  1. Régimen transitorio de deducción por alquiler. Si vive de alquiler desde antes de 2015 y se ha deducido por este concepto, puede aprovechar el régimen transitorio de la deducción por alquiler de vivienda habitual. En estas circunstancias, siempre que esté en los límites de base que la norma establece, le convendrá no cambiar de casa, utilizar las prórrogas del contrato y, si se terminan, también podrá seguirse deduciendo si vuelve a firmar un contrato con el dueño del piso, aunque modifique el importe y el plazo del contrato. Tenga en cuenta que su comunidad autónoma puede regular deducciones para el inquilino.
  1. Separación del socio. Si era socio de una entidad y este año ha ejercido su derecho a la separación, transmitiendo todas sus participaciones a la sociedad, produciéndose la subsiguiente amortización de las mismas, deberá tributar por la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor de mercado de los bienes recibidos y el valor de adquisición de los títulos transmitidos.
  1. Depósitos y seguros de ahorro a largo plazo. Para pequeños ahorros a medio o largo plazo, en inversores conservadores, puede interesar abrir un depósito individual de ahorro a largo plazo. Ello permitirá hacer imposiciones en los cinco ejercicios siguientes a conveniencia, sin superar 5.000 euros/año, y que la rentabilidad quede exenta si esperamos a retirar todo el importe acumulado cuando hayan transcurrido 5 o más años desde la primera imposición.
  1. Minusvalías tácitas. Si en lo que llevamos de 2017 ha transmitido algún elemento patrimonial obteniendo por ello una plusvalía, tiene hasta fin del ejercicio para realizar minusvalías tácitas que tenga en algún otro elemento patrimonial. Así reducirá la tributación de la ganancia patrimonial que ya se haya materializado. 
  1. Compensación de pérdidas patrimoniales. Por el contrario, si ha transmitido algún bien o derecho y se le ha producido una pérdida patrimonial, puede aprovecharla para reducir la tributación de la ganancia que pueda materializar, de aquí a fin de año, transmitiendo con plusvalía otro elemento de su patrimonio. 
  1. Plusvalías tácitas de los tres años anteriores. También deben comprobarse las autoliquidaciones de los tres años anteriores, por si se tiene un saldo negativo derivado de la compensación de ganancias y pérdidas de patrimonio que no se hayan podido compensar. Como esa posibilidad se pierde si no se ejercita en un máximo de cuatro años, puede convenir que se materialice alguna plusvalía tácita mediante la transmisión del correspondiente bien o derecho para aprovechar dicho saldo. 
  1. Separación matrimonial. Si se ha separado en 2017, es conveniente que el Convenio regulador se especifiquen los conceptos de la pensión compensatoria al cónyuge y las anualidades que se deban satisfacer tanto al excónyuge como a los hijos. 
  1. Reparto de bienes y derechos tras una separación. Si está casado en régimen general de gananciales y se separa, o si de disuelve una comunidad de bienes constituida por herencia o por voluntad de los comuneros, es aconsejabl4e hacer un reparto equitativo de bienes y derechos porque, de no ser así, y además de las implicaciones que ello puede tener en otros impuestos, a alguno de los comuneros se les puede producir una ganancia patrimonial por la que tenga que tributar. 
  1. Deducción de gastos del empresario o profesional que trabaja en casa. Si es empresario o profesional y trabaja desde casa, podrá deducir los gastos de titularidad del inmueble en proporción a los metros cuadrados que destine a la actividad. Asimismo, podrá deducir un porcentaje, según el tiempo que destine al desarrollo de la actividad, de la parte de vivienda utilizada en la misma sobre los gastos de suministros como Internet, luz, agua,… En 2018 la ley fija ese porcentaje en el 30% para evitar litigios. 
  1. Deducción de gastos de desplazamiento para empresarios y profesionales. Si es empresario y profesional y se desplaza por motivos de trabajo fuera del domicilio de la actividad y se tiene que pagar la manutención, podrá deducirse ese gasto siempre que esté justificado por factura y sea necesario. No obstante, a partir de 2018 estos gastos se podrán deducir con los límites establecidos para las dietas exceptuadas de gravamen reguladas en el Reglamento y que se paguen con tarjeta. 
  1. Inversión por creación de empleo en 2017 y 2018. Si realiza actividades económicas y determina el rendimiento neto en estimación directa, y piensa que creará empleo en 2017 y 2018 respecto a 2016, contando con que pueda beneficiarse del régimen especial de empresas de reducida dimensión, le interesará invertir el elementos nuevos del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias que podrá amortizar libremente hasta en 120.000 euros/año por cada persona/año de incremento de plantilla. 
  1. Gastos de atenciones a clientes. Si pretende realizar gastos de atenciones a clientes y proveedores antes de que termine el año y va a superar en este tipo de gastos los 2.000 euros anuales, le puede interesar aplazar el exceso de ese importe a 2018, ya que está limitado el gasto deducible por este concepto a la citada cantidad. 
  1. Régimen de módulos. Si determina el rendimiento neto de su actividad por estimación objetiva, y en 2018 va a poder seguir haciéndolo porque no prevé superar los límites en este año, es el momento de echar cuentas y ver si su rendimiento neto real supera o no llega al que le sale por módulos. En el segundo caso, le podría interesar renunciar al régimen, teniendo en cuenta que la estimación directa conlleva obligaciones formales mayores. 
  1. Rescate de pensiones en forma de capital por jubilación o discapacidad. Si la contingencia de jubilación o discapacidad acaeció en 2010 o en ejercicios anteriores, no ha cobrado prestaciones y quiere beneficiarse de un rescate en forma de capital, con la reducción del 40% por las prestaciones correspondientes a aportaciones anteriores a 2007, debe tener en cuenta que el plazo máximo para esta ventaja expira el 31 de diciembre de 2018. 
  1. Aprovechamiento de la reducción en el rescate. Si se ha jubilado en 2015, tenga en cuenta que si todavía no ha rescatado el sistema de previsión social en forma de capital, para hacerlo aprovechando la reducción del 40% sólo tiene de plazo hasta el 31/12 de este año. 
  1. Formalización en contrato de préstamos. Si tiene pensado prestar o recibir un préstamo sin intereses en lo que queda de año, le conviene formalizarlo en documento público o en contrato privado y llevarlo a liquidar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De esta manera podrá justificar la presunción de onerosidad y evitar que la operación se califique de donación. 
Operaciones para ahorrar en el pago del Impuesto de Sociedades del 2017

Operaciones para ahorrar en el pago del Impuesto de Sociedades del 2017

Además de las novedades más significativas para 2017, recogemos diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando preparamos el cierre fiscal de las empresas. Asimismo, es conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la Administración como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder obrar en consecuencia.

Este documento sólo pretende ser una guía que permita analizar aquellos supuestos en los que es posible su aplicación. Son consideraciones generales que requerirán el asesoramiento personalizado de su asesor fiscal.

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