Analizando la rueda posterior al Consejo de Ministros de ayer, podemos conocer la letra pequeña del plan de choque económico.

Como se esperaba, el programa de avales públicos para nuevos créditos y renovación de otros ya vencidos (las refinanciaciones quedan excluidas) inicia su andadura con una línea de tan sólo 20.000 millones de euros (10.000 millones para pymes y autónomos), sobre un total de 100.000 millones, lo que demuestra que el Gobierno prima la cautela en su concesión y le envía el mensaje a la banca de que debe ser selectiva y medir bien los riesgos.

La banca podrá fijar el tipo de interés que cobrará en los préstamos y ya ha anunciado que aplicará el precio habitual en función de los riesgos en cada caso y que el coste del aval, de entre un 0,2% y un 1,2%, se trasladará parcialmente a sus clientes.

Los tipos medios de los créditos nuevos se sitúan de media entre el 1,55% y el 2,58% para las pymes y medianas empresas, mientras que para las grandes compañías es del 1,42%. En la línea del ICO puesta en marcha hace unos días para socorrer al turismo la tasa máxima de las operaciones es del 1,5%, aunque el aval público está fijado en el 50%, un umbral inferior a lo aprobado por el Consejo de Ministros.

Los fondos que destinaran tendrán carácter retroactivo desde el 18 de marzo y servirán para que las empresas paguen facturas, impuestos y nóminas a los trabajadores, entre otras finalidades.

El Estado asumirá́ pérdidas futuras por impagos en un 80% para el caso de las pymes y autónomos tanto para los nuevos contratos como para las renovaciones de las líneas ya contraídas; un 70% para los créditos nuevos a las grandes compañías; y un 60% para las renovaciones de estas últimas.

Todo apunta a una inyección de liquidez muy gradual y lenta en las empresas, a la que debe sumarse la ausencia de novedades en el ámbito de las ayudas fiscales.

Ha sido un clamor la petición de que:

  1. se ampliarán los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas,
  2. que se agilizaran los aplazamientos de deudas tributarias también para otras empresas que no sean pymes
  3. que se modificaran los plazos del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Sociedades
  4. que se les exonere temporalmente del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social, ya que, de no hacerse así, se estarían dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo frente a aquellas empresas que, por tipología, pueden seguir prestando sus servicios.

Dicho esto, la comparecencia de ayer de la ministra portavoz, que, a su vez, lo es del Ministerio de Hacienda, ha sido un “jarro de agua fría” y todo sigue reducido a flexibilizar los aplazamientos de, como máximo, 30.000 euros, que la legislación contempla desde hace ya años.

De poco sirve ese recurso en una situación excepcional como la actual, cuando, además, las firmas se enfrentan a la obligación inminente, con fecha 20 de abril, de hacer sus declaraciones de IVA y de retenciones del IRPF.

Pese a la existencia de medios electrónicos, la cuarentena plantea problemas logísticos en el mero cumplimiento de lo trámites, ya que miles de empresas están cerradas por imperativo legal. Pero, sobre todo, debe considerarse el esfuerzo económico que estos pagos les supondrán en un momento en que su actividad se paralizó.

Seguiremos pendientes de cualquier novedad y os mantendremos informados.