Para ayudar a resolver la crisis de la vivienda en Cataluña, donde el coste de pedir un préstamo al banco para comprar una casa es prohibitivo y la demanda de alquileres es baja, el gobierno catalán ha aprobado la ley de regulación de los precios del alquiler. Esta ley limita los precios de los alquileres en determinadas zonas.
La ley se creó en respuesta al creciente número de inquilinos que no pueden pagar sus alquileres y se ven obligados a mudarse. La nueva ley limitará los precios de los alquileres en algunas de las zonas más estresadas de Cataluña fijando los alquileres mensuales máximos permitidos y exigiendo a los propietarios que ofrezcan a los inquilinos contratos por escrito en lugar de acuerdos verbales.
¿Dónde se aplica la Ley?
La ley se aplica a las zonas que se considera que tienen un mercado “ajustado”. Un mercado ajustado es aquel en el que hay más demanda que oferta, por lo que el precio de la vivienda es superior al valor medio de la misma.
La ley se aplica sólo en zonas donde hay escasez de viviendas y donde no hay suficientes propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas a precios razonables. Por lo general las zonas dónde se aplica la ley deben cumplir con lo siguiente:
- El promedio del precio de alquiler debe ser más alto que la media de Cataluña.
- El promedio del precio del alquiler debe ser más de 30% del monto de ingreso de unidad familiar.
- El crecimiento interanual acumulado del alquiler debe ser de 3 puntos más altos del IPC.
Los municipios de Cataluña que deben cumplir esta ley son:
Santa Perpètua de la Mogoda, Figueres, Vilafranca del Penedès, Tarragona, Salou, Pineda, Badalona, El Masnou, Mataró, Molins de Rei, Tortosa, Sabadell, Castelldefels, Salt, Sant, Andreu de la Barca, Terrassa, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Blanes, Vic, El Vendrell, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Barberà del Vallès, Pallejà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Igualada, Lleida, Manlleu, Montcada i Reixac, Montgat, Premià de Mar, Reus, Manresa, Martorell, Sant Feliu de Guíxols, Ripollet, Rubí, Vilassar de Mar, Olesa de Montserrat, Mollet del Vallès, Olot, Palafrugel, Sant Feliu de Llobregat, Calafell, El Prat de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Viladecans, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castellar del Vallès, Granollers, Gavà, Girona.
¿Qué gastos se pueden repercutir al inquilino?
El impuesto sobre bienes inmuebles, los gastos de comunidad y la recogida de basuras son costes q gastos se pueden repercutir al inquilino en virtud de la Ley de Regulación de Precios de Alquiler.
Los gastos ordinarios de la comunidad incluyen los gastos relacionados con el mantenimiento de las zonas comunes, como la limpieza y el paisajismo; la reparación de ascensores y escaleras; y la reparación o sustitución de las instalaciones que afectan a más de una unidad. La recogida de basuras se considera un gasto ordinario de la comunidad según la Ley de Regulación de Precios de Alquiler.
El servicio de portería o conserjería también se considera un gasto ordinario de la comunidad en virtud de la Ley de Regulación de Precios de Alquiler y puede repercutirse en los inquilinos si lo presta un tercero.
¿Qué pasa si el propietario no cumple la ley?
La Ley de Regulación de Alquileres está diseñada para proteger a los inquilinos, no para castigar a los propietarios. Sin embargo, si un propietario no cumple con la ley que regula los precios de los alquileres, podría enfrentarse a una multa.
Si cree que su casero ha infringido la Ley de Regulación de Alquileres y quiere denunciarlo, póngase en contacto con la autoridad de vivienda de su ciudad. La autoridad local de la vivienda investigará su denuncia y determinará si hay pruebas suficientes para justificar una acción legal contra su casero.
Esto es lo qué pasa si el propietario no cumple la ley: enfrentar multas que van desde 3000 a 90000 euros, todo depende del tipo de infracción. Por ejemplo, si no cumple los criterios de la ley, la renta es mayor al 20% de lo que se estableció, no le dijo al inquilino que la vivienda está sujeta al régimen de contención de las rentas u omite información sobre el importe de renta del contrato anterior, la multa puede ir de 9000 a 9000.
